La agrupación Asamblea de Jubilados en Lucha de Bariloche anunció la presentación de una carta abierta dirigida a los legisladores rionegrinos. El objetivo es acelerar el tratamiento de un proyecto de ley que busca blindar el acceso a los servicios básicos y evitar que las prestatarias continúen evadiendo sus responsabilidades sociales.

En diálogo con Ideas Circulares (Radio C 107.3), Adriana Cattino detalló que la ley anterior (4395) quedó en desuso y presentaba "huecos" legales que empresas como Camuzzi y la cooperativa de electricidad local utilizaban para no cumplir con la prohibición de corte.

Los puntos clave del nuevo proyecto

Según explicó Cattino, la nueva normativa —presentada originalmente por Ana Marks y recientemente impulsada por Magdalena Odarda— introduce cambios fundamentales para garantizar el derecho de los usuarios:

• Ampliación de beneficiarios: Incluye a jubilados, pensionados, personas con discapacidad, desocupados y a cualquier persona cuyos ingresos estén por debajo de la canasta básica.
• Inclusión de inquilinos: Ya no será requisito ser propietario del inmueble para acceder a los beneficios.
• Prohibición de cortes y reconexión gratuita: Establece que el servicio no puede ser interrumpido. En caso de que ya se haya efectuado el corte, la empresa debe restablecerlo en 48 horas sin costos de reconexión.
• Sanciones severas: Por primera vez se establece una multa de 50.000 pesos diarios para las empresas que incurran en una negativa injustificada de cumplimiento.
• Convenio con Nación: Obliga a la provincia a realizar convenios con el Enargas para que empresas de jurisdicción nacional, como Camuzzi, no puedan excusarse de cumplir la ley provincial.

"En Camuzzi directamente ignoraban la ley anterior y en la cooperativa siempre buscaban la forma de evadirla, escondiendo las declaraciones juradas o mandando a la gente de un lugar a otro. Ahora, esta ley detalla con precisión cada punto para que haya obligación de cumplirla. Queremos presionar para que los legisladores la traten y la aprueben; no podemos permitir que la población desconozca sus derechos."

La asamblea espera que la difusión masiva de la carta abierta genere el consenso necesario en la Legislatura para que el proyecto no pierda estado parlamentario nuevamente, como ocurrió en diciembre de 2025.