En diálogo con Lucas Zeni en Ideas Circulares, el legislador Javier Acevedo expresó su profunda preocupación por la demora del Poder Ejecutivo provincial en reglamentar e implementar la Ley 5.749, sancionada en octubre de 2024. Se trata de una normativa pionera diseñada para combatir el fraude mediante engaños en redes sociales y telefonía, una modalidad delictiva que crece de forma alarmante.

Una herramienta que "no debe caer en saco roto"

Acevedo destacó que, si bien la provincia cuenta con el marco legal, la falta de acción política está dejando a los ciudadanos vulnerables. "Ya pasaron prácticamente 17 meses y no se ha puesto en práctica. Estamos volviéndole a tocar el timbre al Gobierno Provincial para recordarle que la herramienta está", señaló el legislador, quien recientemente presentó una comunicación formal dirigida al Ministerio de Seguridad y Justicia.

El foco en los más vulnerables

La ley prevé un sistema integral de concientización con especial énfasis en los adultos mayores y jubilados, quienes suelen ser los blancos principales de los delincuentes.

• Educación como clave: Acevedo propone articular con el Ministerio de Educación para que los jóvenes, nativos digitales, ayuden a prevenir estafas en su entorno familiar.
• Convenios estratégicos: La norma establece la suscripción de acuerdos con bancos, empresas telefónicas y proveedores de internet para crear un entramado de alertas y protocolos de seguridad.

Las graves consecuencias del ciberdelito

Durante la entrevista, se recordó que el daño de estas estafas trasciende lo económico. "Estamos hablando de gente que llegó a quitarse la vida", advirtió Acevedo, refiriéndose a casos de extorsión extrema. El legislador subrayó que los delincuentes perfeccionan sus métodos día a día, logrando sustracciones de identidad y vaciamientos de cuentas que dejan a las víctimas en situaciones límite.

La necesidad de una decisión política

Para el legislador, la implementación no requiere necesariamente de un presupuesto elevado, sino de la conformación de equipos idóneos que coordinen los esfuerzos de Seguridad, Justicia y Educación. "Ya no es una cuestión legislativa, es una decisión política. Tienen que dar el paso que la ley marca y empezar a articular con expertos en ciberdelito", concluyó.