El Colegio de Abogados y Abogadas de Bariloche se ha puesto a la vanguardia de un reclamo legal de alcance nacional. La entidad rionegrina, en conjunto con casi una treintena de colegios profesionales de toda la Argentina, interpuso la primera medida cautelar autónoma contra la reciente reforma laboral, centrando su impugnación en dos artículos que consideran un ataque directo al ejercicio de la abogacía.

Los ejes del conflicto: Honorarios en cuotas y responsabilidad solidaria

La presentación judicial busca suspender de forma inmediata la aplicación de los cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, específicamente en lo que respecta a los artículos 277 y 20.

1. El "financiamiento forzoso" (Art. 277): La reforma permite que los honorarios de los abogados que representan a trabajadores se paguen en hasta 12 cuotas. Para los letrados, esto ignora el carácter alimentario de su remuneración. "El honorario es el sustento de nuestro trabajo. Esta medida vulnera derechos adquiridos y nos obliga a financiar un proceso judicial de manera forzosa", explicó Ezequiel Palavecino, presidente del Colegio de Bariloche.
2. Sanciones al patrimonio del abogado (Art. 20): Este punto establece la "responsabilidad solidaria" del profesional. Si un juez considera que hubo una "sobreestimación" en el monto reclamado, el abogado podría ser obligado a pagar costas de su propio bolsillo. Antes, esto solo ocurría en casos probados de mala fe; ahora, la responsabilidad es objetiva y queda supeditada al criterio discrecional del magistrado.

"El abogado laboralista es el único en el país que debe litigar bajo amenaza de sanciones personales. Ningún otro fuero impone esto", sentenció Palavecino.

Una desigualdad ante la ley

Desde Bariloche insisten en que la reforma es discriminatoria e inconstitucional. Argumentan que se crea una justicia de "segunda clase" para el fuero laboral, ya que los abogados civilistas o comerciales no están obligados a cobrar en cuotas ni asumen riesgos patrimoniales por los montos que reclaman sus clientes.

Los 5 puntos clave de la inconstitucionalidad

Según el planteo judicial, las normas cuestionadas fallan porque:

• Violan el carácter alimentario del honorario (es el sueldo del profesional).
• Afectan el derecho de propiedad sobre lo trabajado.
• Comprometen la independencia técnica, al presionar al abogado para que reclame menos por miedo a ser sancionado.
• Limitan el acceso a la justicia, ya que muchos profesionales podrían evitar tomar casos laborales complejos.
• Invaden competencias provinciales, al legislar sobre normas procesales que corresponden a las jurisdicciones locales.

"Sin honorarios no hay justicia", concluyeron desde la entidad rionegrina, dejando claro que la batalla judicial apenas comienza y que el objetivo final es garantizar que la reforma no se convierta en una restricción deliberada al ejercicio profesional.