La causa "Techo Digno" entra en su etapa de definiciones más críticas, marcando un antes y un después en la historia política de San Carlos de Bariloche. Lo que comenzó como una investigación federal por el presunto desvío de fondos destinados a viviendas sociales, hoy se traduce en destinos judiciales dispares para quienes condujeron los hilos de la ciudad.

Recientemente, el panorama judicial sumó un capítulo de relevancia con la situación de Gustavo Gennuso. El ex intendente, quien llegó a juicio por su gestión en el manejo de estos fondos tras heredar los convenios de la administración anterior, resultó absuelto. La justicia consideró que no se pudo acreditar la comisión de delitos bajo su responsabilidad directa, cerrando así un proceso que lo mantuvo bajo la lupa pública durante años.

Sin embargo, el foco de atención social y mediática se desplaza ahora hacia la figura de la ex intendenta María Eugenia Martini. Sobre ella pesa la acusación central de la etapa inicial de los convenios, donde se investigan presuntos sobreprecios y certificaciones de obras que no coincidían con el avance real en el territorio. Tras años de idas y vueltas, de expedientes acumulando polvo y de familias esperando respuestas, el reloj ha comenzado su cuenta regresiva final.

La fecha ya está marcada en el calendario judicial de la provincia: el próximo 30 de marzo. Ese día, el tribunal dará a conocer la sentencia para Martini, una decisión que no solo definirá su futuro personal y político, sino que enviará un mensaje contundente sobre cómo se custodia el dinero público en nuestra región.

La necesidad de justicia en este caso trasciende los nombres propios. Se trata de reparar el daño simbólico y material sufrido por cientos de barilochenses que vieron cómo el sueño de la casa propia se transformaba en un expediente de corrupción. La absolución de un mandatario y la espera del veredicto para otra ponen de manifiesto la complejidad de una trama donde lo técnico y lo político se entrelazan peligrosamente.

La sociedad de Bariloche, que ha visto pasar décadas de promesas habitacionales incumplidas, aguarda con una mezcla de escepticismo y esperanza. Porque cuando los recursos para los más vulnerables terminan en el centro de un escándalo penal, el único alivio posible es la verdad jurídica.

Ante la inminencia de este fallo definitivo que cerrará una de las etapas más oscuras de la obra pública local, la pregunta es inevitable:

¿Se hará justicia?