Bajo una consigna de extrema preocupación, trabajadores y trabajadoras de la Administración de Parques Nacionales (APN) se declararon en estado de alerta tras una asamblea que unificó a diversas áreas estratégicas, incluyendo el Parque Nacional Nahuel Huapi y la Dirección Regional Patagonia Norte. El diagnóstico fue unánime: el organismo se encuentra en un "nivel mínimo de flotación" debido a una estrategia sistemática de desfinanciación y falta de conducción.

​Una crisis de personal sin precedentes
​Durante la lectura del documento, los representantes gremiales denunciaron la pérdida del 20% de la planta operativa en los últimos dos años, producto de despidos, jubilaciones y, fundamentalmente, renuncias. "Ante la falta de recomposición salarial, el personal calificado busca otros trabajos. Hay profesionales haciendo Uber o vendiendo comida para subsistir", señalaron con crudeza.
​La situación se agrava con el anuncio de retiros voluntarios, lo que para los trabajadores representa la pérdida definitiva de personal con vasta experiencia sin posibilidad de recambio. A esto se suma la acefalía en cargos jerárquicos: en Bariloche, la Dirección Regional lleva un año sin director designado y la intendencia del parque es gestionada "a la distancia".

​El "Efecto Titanic" en la conservación
​La asamblea comparó la situación actual con la orquesta del Titanic, sosteniendo la operatividad del organismo por mera convicción personal. Advirtieron que la falta de criterios técnicos y el desplazamiento de profesionales por "voces amigas de ONG de dudosa reputación" pone en serio riesgo la conservación de los bienes naturales.
​"No se puede supeditar la fiscalización de proyectos de flora y fauna a conveniencias políticas", sentenciaron, al tiempo que recordaron la vulnerabilidad legal que sufren tras eventos como la "Causa Lolen", donde trabajadores son enjuiciados por fenómenos naturales en áreas agrestes sin contar con una legislación que los proteja.

​Defensa de los Glaciares y rechazo a las reformas
​Uno de los puntos más álgidos del pronunciamiento fue el rechazo categórico a la modificación de la Ley de Glaciares. Los trabajadores desarmaron el discurso oficial de "federalismo" y "minería", aclarando que la ley actual solo protege el 1% de la superficie de la cordillera.
​"Las cuencas hídricas no conocen límites provinciales. Tener tantos criterios como provincias tengan glaciares implica inevitablemente la destrucción de cientos de kilómetros cuadrados por falta de un criterio unificado", explicaron, defendiendo el rol federal del IANIGLA.

​Puntos del reclamo
​Hacia el cierre, los trabajadores exigieron una mesa de diálogo urgente para abordar los siguientes puntos:
​Presupuesto y contrataciones: Refuerzo de personal en todas las áreas protegidas.
​Mejora salarial: Aumento urgente para combatir la fuga de talentos y un plus compensatorio para brigadistas.
​Carrera laboral: Apertura de paritarias sectoriales y descongelamiento de la carrera administrativa.
​No al remate de activos: Rechazo al cierre del área de formación en Embalse, Córdoba.
​Protección legal: Impulso de una ley que resguarde a los trabajadores ante accidentes por fenómenos naturales.
​"Parques va entrando en terapia intensiva", advirtieron, cerrando el acto con un grito unísono que resume el sentimiento de la asamblea: “La Ley de Glaciares no se toca”.