En sintonía con el paro nacional docente y tras completar 48 horas de medida de fuerza provincial, la seccional local de UnTER visibilizó sus reclamos mediante una "volanteada" y conferencia de prensa en conjunto con otros gremios estatales como ATE. Los ejes del conflicto se centran en la recomposición salarial, el rechazo a la reforma del nivel medio y el deterioro de la infraestructura escolar.

El "experimento" en nivel medio

Omar Orellana, Secretario de nivel medio, lanzó una fuerte denuncia sobre un proyecto piloto impulsado por el Gobierno Nacional que busca implementarse en seis escuelas de Río Negro (Valle Medio). Según el dirigente, este plan —enmarcado en la denominada "Ley de Libertad en Educación"— propone una flexibilización que permitiría a los estudiantes cursar desde sus hogares.

"Es un proyecto que terminaría en ajuste. Se les ofrece la 'libertad' de estudiar en casa, pero para nosotros eso significa desarticular la escuela pública como espacio de encuentro y debate", explicó Orellana. Además, advirtió que esto viene acompañado de un recorte en el presupuesto para escuelas técnicas y la quita de artículos clave de la Ley de Financiamiento Educativo.

Crisis edilicia en Bariloche: "No se puede empezar"

Respecto a la situación local, el referente gremial informó que los equipos directivos de las escuelas secundarias de Bariloche mantuvieron una reunión formal con el consejero escolar para manifestar su queja. Contrario a las declaraciones oficiales que hablaban de un 80% de escuelas en condiciones, el gremio asegura que la realidad es muy distinta.

"Faltan bancos, sillas, hay vidrios rotos y baños en mal estado. La mayoría de las escuelas de Bariloche no están en condiciones de iniciar las clases mañana día 4", sentenció Orellana, desmintiendo el discurso de "esencialidad" que sostiene el Ministerio de Educación en los medios.

El reclamo salarial y la "resistencia" territorial

Por su parte, la secretaria general Norma Pérez fue contundente respecto a la política salarial del Gobierno de Alberto Weretilneck. El gremio rechaza el pago de bonos por única vez y exige una recomposición que impacte directamente en el salario básico para no desfinanciar la obra social y los aportes jubilatorios.

Pérez vinculó la crisis educativa con un plan estratégico de "vaciado territorial". Según la dirigente, el cierre de salas de jardín, residencias escolares en la Línea Sur y escuelas rurales (como la de Cerro Alto) no responde a una baja de matrícula casual, sino a una intencionalidad política.

"Si no hay escuela, las familias se desplazan. Y cuando el territorio se libera, se facilita la aplicación de proyectos extractivistas y el saqueo de bienes comunes", denunció Pérez.

Continuidad del plan de lucha

Tras la jornada de visibilización en los semáforos, el gremio ratificó que la educación no es un "servicio" sino un derecho esencial que defenderán mediante la organización con las comunidades educativas. Se espera que en los próximos días se definan nuevas acciones en caso de no recibir una convocatoria a paritarias con una oferta superadora que incluya, además, un plan urgente de obras edilicias.