La situación habitacional en San Carlos de Bariloche atraviesa una etapa crítica. Adolfo Lobos, miembro de la Mesa de Barrios Populares y de la Mesa de Tierras local, advirtió en el programa Ideas Circulares (Radio C 107.3) sobre las consecuencias "inhumanas" que tendría la aprobación del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo Nacional para declarar la "inviolabilidad de la propiedad privada".

Según Lobos, la iniciativa busca derogar el artículo que frena los desalojos en los barrios registrados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares), dejando a la deriva a unas 5.500 familias en Bariloche distribuidas en 38 asentamientos.

Denuncia sobre movimientos inmobiliarios

Uno de los puntos más alarmantes de la entrevista fue la revelación de que ya se detectaron carteles de venta en zonas protegidas. "Hay inmobiliarias, muchas de afuera, que ya están poniendo carteles de venta. Tienen acceso a información privilegiada para construir barrios privados donde hoy vive la gente más vulnerable", denunció Lobos.

El referente explicó que la organización vecinal busca "ganarle al caos", por lo que están trabajando en un relevamiento detallado barrio por barrio antes de presentar reclamos formales ante diputados y senadores de Río Negro.

Emergencia social y desigualdad extrema

Lobos brindó estadísticas contundentes sobre la realidad que se vive en los sectores más postergados de la ciudad, donde la brecha con los sectores urbanizados es abismal:

• 92% de los barrios no tiene acceso al agua corriente.
• 97% carece de red cloacal.
• 98% no cuenta con gas natural, una carencia vital dadas las condiciones climáticas de la región.

"Un estudio reciente indica que los pobladores de barrios populares viven once años menos que los de zonas urbanizadas. Es una diferencia que hace a la vida misma", señaló Lobos.

El proyecto de ley en discusión en el Congreso no solo elimina la prohibición de desalojos, sino que también establece mecanismos de "desalojo abreviado" y anula los procesos de expropiación que permitían avanzar con la urbanización.

"Primero atacaron a los discapacitados, luego a los jubilados, y ahora avanzan contra el sector más vulnerable para despojarlo de sus viviendas", fustigó el dirigente, quien además destacó que la falta de presupuesto ha paralizado obras clave que generaban "dignidad y desarrollo".

Finalmente, desde la Mesa de Barrios Populares adelantaron que iniciarán una etapa de "organización y lucha" en unidad con organizaciones como Cáritas, el MTE, la UTEP, Barrios de Pie, para frenar lo que consideran un avance sobre el derecho constitucional a una vivienda digna.