El presidente Javier Milei anunció este martes el envío al Congreso de una reforma política que tiene como dato saliente la eliminación de las PASO, uno de los instrumentos centrales del sistema electoral argentino desde 2011. El planteo del Gobierno se apoya en una crítica estructural al funcionamiento real de las primarias, cuya promesa fundacional de abrir y democratizar la competencia interna de los partidos aparece severamente cuestionada por la evidencia empírica acumulada en más de una década de aplicación.

Un relevamiento sobre todas las elecciones a diputados nacionales realizadas entre 2011 y 2023 muestra que las PASO funcionaron mayoritariamente como un mecanismo de validación y no como una instancia efectiva de elección. El 68% de las agrupaciones que lograron bancas presentó lista única en las primarias, lo que implica que en siete de cada diez casos relevantes la decisión sobre los candidatos se tomó previamente en negociaciones internas, sin competencia real ante el electorado.

Incluso cuando existió más de una lista, la competencia tendió a ser formal. Un 22% de las agrupaciones presentó internas sin competitividad real, con listas testimoniales o marginales que no pusieron en riesgo a la nómina oficialista. En términos concretos, solo el 10% de las fuerzas que alcanzaron representación parlamentaria mostró competencia y competitividad simultáneamente, es decir, internas genuinas en las que el resultado era incierto y los votantes tuvieron capacidad real de decisión entre alternativas de peso similar.

Otro de los argumentos habituales a favor de las PASO, la integración de las minorías derrotadas en las listas definitivas, también aparece como una excepción más que como una regla. Apenas el 4% de los casos analizados logró una integración efectiva de candidaturas luego de la interna. Los reglamentos partidarios y de las coaliciones, en general, establecieron pisos elevados que bloquearon el acceso de las listas minoritarias a posiciones expectables, aun cuando hubieran obtenido respaldos significativos.

La serie histórica refuerza la idea de que el uso intensivo de las PASO respondió más a coyunturas políticas que a un cambio estructural en la cultura partidaria. El año 2021 aparece como una anomalía: fue el período con mayor nivel de competencia, competitividad e integración, en gran medida como consecuencia de la crisis de liderazgos claros dentro de las principales coaliciones. En ese contexto excepcional, las primarias funcionaron como una válvula de escape para canalizar disputas internas. Sin embargo, en 2023 el sistema regresó a su comportamiento predominante, con un fuerte retorno a las listas únicas y a los acuerdos de cúpula.

Fuente: cálculos propios sobre los datos proporcionados por la Dirección Nacional Electoral

La experiencia más reciente, sin PASO, también es un elemento que el oficialismo pone sobre la mesa. Tras la suspensión de las primarias en las últimas elecciones legislativas, la mayoría de las fuerzas políticas resolvió sus listas puertas adentro sin mayores niveles de conflictividad pública. Los casos que derivaron en disputas judiciales fueron puntuales y acotados. En Córdoba, la interna de la UCR terminó judicializada y concluyó con la retirada de uno de los sectores en pugna tras un fallo de la Cámara Nacional Electoral. En Santa Fe, la Justicia avaló la imposición de una lista de unidad del PJ, pese a los cuestionamientos internos, y cerró el conflicto político por la vía institucional.

En este marco, el anuncio de Milei reabre un debate de fondo sobre el sentido y la eficacia del sistema de primarias. Los datos disponibles muestran que las PASO fueron eficaces para ordenar el sistema partidario, filtrar fuerzas sin peso electoral y funcionar como una gran encuesta nacional, pero tuvieron un impacto muy limitado en la democratización efectiva de la selección de candidaturas. La eliminación de las primarias, lejos de ser solo una discusión administrativa o de costos, pone en cuestión uno de los pilares de la arquitectura electoral construida en la última década y obliga al Congreso a redefinir cómo se procesa, de ahora en más, la competencia política dentro de los partidos.