El conflicto habitacional en San Carlos de Bariloche suma un capítulo decisivo con la reactivación de un proyecto de ley en la Legislatura de Río Negro. La propuesta, impulsada por el legislador rionegrino Leandro García, busca la expropiación de las tierras que hoy ocupa el barrio Alun Ruca, donde residen unas 600 familias que, a pesar de haber consolidado el sector con esfuerzo propio, carecen de seguridad jurídica sobre sus hogares.

El proyecto retoma una iniciativa previa de la actual senadora Silvina García Larraburu y la legisladora Ana Marks, que había perdido estado parlamentario. Según explicó García en diálogo con Radio C, la medida es indispensable ya que, al tratarse de un lote privado, los vecinos no pueden escriturar ni gestionar de manera formal servicios esenciales como el gas natural.

Un freno a la especulación inmobiliaria

Uno de los puntos centrales del debate es el valor de la indemnización que recibiría el propietario, una empresa constructora que obtuvo las tierras como parte de pago por obras públicas.

"El Estado tiene una herramienta, que es la expropiación, para que el privado no cobre precio de mercado, sino un precio tasado fiscalmente con un tope determinado", señaló el legislador.

García denunció que existe una intención por parte de los propietarios de apropiarse de las mejoras (caminos, infraestructura hídrica y eléctrica) que los propios vecinos y el Estado han realizado en el barrio a lo largo de los años. "No estamos en contra de la propiedad privada, pero la expropiación es una herramienta excepcional para resolver un problema social consolidado", aclaró.

El rol del Municipio y la Provincia

Aunque el Concejo Deliberante de Bariloche ya dictó una ordenanza declarando el interés municipal en la expropiación, el proceso está estancado por falta de "voluntad política" del Ejecutivo provincial. De aprobarse la ley, el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social (IMTVHS) actuaría como sujeto expropiante, permitiendo que las familias accedan a planes de pago sociales para obtener sus títulos definitivos.

El reclamo cobra especial relevancia en un clima de ajuste nacional, marcado por el desfinanciamiento de la Secretaría de Integración Socio Urbana y el freno de obras en barrios populares incluidos en el RENABAP.

"Hoy los vecinos no tienen ni un certificado de ocupación. La ley les daría un camino de solución real en un contexto donde el acceso al suelo urbano en la zona andina es casi imposible por los altos valores inmobiliarios", concluyó García. Se espera que el proyecto sea debatido en las próximas sesiones de la Legislatura, donde los impulsores buscan sumar el consenso necesario para transformar la realidad de estas 600 familias barilochenses.