Organizaciones sociales y referentes territoriales de Bariloche se declararon en estado de alerta ante el avance de un proyecto legislativo que pretende modificar la Ley Nacional N.º 27.453 de Integración Socio Urbana. A través de un comunicado conjunto, la Mesa de Barrios Populares y la Mesa de Tierras rechazaron la iniciativa, calificándola como un "retroceso concreto en derechos" fundamentales.

La normativa vigente, fruto de un amplio consenso político y social, ha sido la herramienta principal para frenar desalojos y avanzar en la urbanización de asentamientos. Según las organizaciones, eliminar o modificar sus mecanismos debilita la capacidad del Estado para intervenir de manera justa en la regularización dominial y la provisión de servicios básicos.

El impacto en Bariloche: 38 barrios en vilo

La situación en la ciudad cordillerana es particularmente sensible. Actualmente, Bariloche cuenta con 38 Barrios Populares registrados, donde miles de familias enfrentan dificultades estructurales para acceder a la tierra y a una vivienda digna.

"Los barrios populares no son una excepción, son parte de una realidad que necesita políticas públicas activas, no retrocesos", señalaron desde las Mesas. Para estas organizaciones, la integración socio urbana representa una posibilidad real de mejorar las condiciones de vida, y cualquier cambio en la ley actual genera una "incertidumbre que agrava los conflictos territoriales".

Un llamado a los legisladores

El documento hace hincapié en que la Ley 27.453 ha demostrado ser necesaria para garantizar el derecho a la ciudad. En este sentido, los representantes de los barrios populares enviaron un mensaje directo a los legisladores nacionales:

"Llamamos a los representantes legislativos a escuchar a las comunidades y a defender una política pública que ha demostrado ser necesaria para garantizar el derecho a la vivienda".

Desde los barrios locales concluyeron con una postura firme, asegurando que "los derechos no se negocian" y que la prioridad debe ser sostener soluciones que eviten dejar a más familias en riesgo de perder su hogar. Se espera que en los próximos días las organizaciones mantengan encuentros para definir acciones que visibilicen el reclamo en el ámbito regional.