En una audiencia de formulación de cargos celebrada este 9 de abril, el juez de garantías César Lanfranchi resolvió suspender los plazos procesales en el legajo 31.79. La medida, solicitada de forma conjunta por la fiscalía, la querella y las defensas, busca abrir una ventana de negociación que permita arribar a una solución alternativa del conflicto antes de avanzar con la acusación formal.

Durante el acto administrativo, el magistrado identificó a los imputados, Romina Belén Moreno y Lucas Pérez Darío, quienes estuvieron acompañados por la defensa pública y privada. Si bien la audiencia estaba prevista para la lectura de cargos, la fiscal Ocampo y el abogado querellante, Luis María Terán Frías (en representación de Julio César Ibáñez Herrera), adelantaron que las conversaciones para un acuerdo bajo los términos del Artículo 14 del Código Procesal Penal están avanzadas.

Los motivos de la prórroga La defensa de Moreno, a cargo de la doctora Patricia Catalán, explicó que la demora en concretar el acuerdo se debió a problemas económicos y de salud en el entorno familiar de la imputada. No obstante, ratificó la voluntad de cumplir con lo solicitado por la querella en el marco de una reparación o salida alternativa.

Por su parte, el juez Lanfranchi estableció el 11 de mayo de 2026 como fecha límite para la suspensión. En ese periodo, las partes deberán definir si concretan el acuerdo por escrito o si requieren una audiencia privada de conciliación.

Posible sobreseimiento De alcanzar un consenso que satisfaga las pretensiones de la querella y el Ministerio Público Fiscal, el juez indicó que se procedería al sobreseimiento de los involucrados. Cabe destacar que la resolución de este legajo también podría incluir la situación procesal de un tercer implicado, identificado como el señor Rifo, cuya participación aún resta resolverse formalmente.

Finalmente, el magistrado advirtió a los imputados sobre la importancia de mantener sus datos de contacto actualizados, recordando que cualquier incomparecencia futura ante la falta de un acuerdo podría derivar en una orden de captura para asegurar la continuidad del proceso.