La situación de los trabajadores estatales en Bariloche ha alcanzado un punto de extrema vulnerabilidad. Según Luis Urra, referente de ATE Bariloche, el sector arrastra un atraso salarial profundo que se remonta al año 2025, sin que hasta la fecha se hayan concretado paritarias o aumentos reales que compensen el costo de vida local.

Urra contrastó los datos oficiales con la realidad cotidiana de los trabajadores: mientras el gobierno provincial intenta equiparar los aumentos con la inflación, el salario mínimo necesario para subsistir en Bariloche supera los $3.000.000, mientras que los sueldos estatales oscilan entre $1,2 y $1,5 millones. Esta brecha deja a sectores clave como salud, educación y SENAF muy por debajo de la canasta básica familiar.

Escalada de conflicto y represión

Al complejo escenario económico se sumó recientemente un componente de violencia institucional que el gremio repudia enérgicamente. Urra denunció hechos de represión contra docentes que reclamaban por sus salarios, una actitud que, según el dirigente, es compartida tanto por el gobierno nacional como por el provincial.

"La respuesta a un pedido de paritarias no puede ser la represión; esto solo ahonda el conflicto con todos los estatales en general", sentenció el referente de ATE.

Unidad en las calles: Próximas medidas

Frente a lo que consideran políticas alineadas entre Nación y Provincia, los gremios han decidido profundizar la coordinación de sus planes de lucha. Tras participar de un abrazo simbólico a la Universidad Nacional del Comahue (UNCO), ATE ratificó su compromiso con el frente universitario y otros sindicatos como UNTER y ADUN.

Cronograma de movilización:

• Fecha: 12 de mayo.
• Hora: 17:30.
• Punto de encuentro: Intersección de Onelli y Moreno.
• Destino: Centro Cívico.
• Reclamo principal: Defensa de la universidad pública y exigencia del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual el gobierno nacional se niega a implementar.

Finalmente, Urra subrayó que la unidad de todos los sectores es la única herramienta para resistir la implementación de la reforma laboral y garantizar que los trabajadores no lleguen al año 2027 "completamente destruidos".