La justicia local dio un paso clave en la causa que investiga presuntas irregularidades en las contrataciones directas de maquinaria pesada durante la gestión anterior. El titular de la Fiscalía N° 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, doctor Inti César Isla, decretó formalmente la ampliación de la investigación preparatoria para determinar si existió un perjuicio millonario contra las arcas de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.

La causa penal se originó a partir de una denuncia radicada por vía electrónica el 29 de noviembre de 2024 por el actual intendente, Walter Cortés, bajo el patrocinio letrado del abogado penalista Ricardo Mendaña. La acusación apunta al corazón de la administración del exjefe comunal Gustavo Gennuso y a parte de su gabinete por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, una figura que contempla severas penas en el Código Penal argentino.

El hecho investigado: urgencias bajo la lupa

De acuerdo con la resolución judicial, el objeto del proceso se centra en los hechos ocurridos entre los años 2019 y 2023. Durante ese período, el Ejecutivo municipal impulsó, autorizó y ejecutó sucesivas contrataciones directas con la firma OPS S.A.C.I. para la provisión de camiones, motoniveladoras y equipos viales pesados.

Para sortear las licitaciones públicas obligatorias, los funcionarios de la gestión de Gennuso invocaron de manera reiterada razones de "urgencia y necesidad operativa". Sin embargo, la fiscalía advierte indicios que permiten inferir serias irregularidades administrativas, tales como:

• Insuficiente acreditación de las causales de excepción y de la supuesta emergencia que motivaba las contrataciones directas.
• Ausencia de mecanismos adecuados de selección de proveedores y de control técnico sobre las horas y el estado de la maquinaria contratada.
• Contratación de una firma con severos problemas legales, debido a que OPS S.A.C.I. atravesaba un proceso de concurso preventivo y, posteriormente, una declaración de quiebra mientras prestaba servicios para el municipio.

Los cinco imputados por la Fiscalía

El decreto del fiscal Isla individualiza y notifica formalmente a cinco exmiembros del anterior gobierno municipal en calidad de imputados, detallando los roles que habrían tenido en la maniobra:

Notificación oficial y medidas de prueba

El fiscal de la causa dispuso librar oficios urgentes a cada uno de los cinco imputados para hacerles saber formalmente que están siendo investigados penalmente. En el mismo acto, se les informó que el expediente completo está a disposición de sus abogados, que tienen derecho a designar defensores particulares (o recurrir a la Defensa Pública) y que se encuentra habilitada la instancia para que ejerzan su derecho a ser oídos.

Por último, el Ministerio Público Fiscal ordenó la producción de una amplia batería de medidas probatorias y peritajes contables y técnicos. Estas diligencias resultarán determinantes para evaluar el volumen total de los fondos públicos comprometidos y definir si el fiscal Isla avanza hacia la formulación de cargos formal o si, por el contrario, desestima la acción penal.