La secretaria general del gremio, Brenda Morales, defendió la propuesta en el recinto legislativo y argumentó que este segundo proyecto posee un formato superador. A diferencia de la norma rechazada por el Ejecutivo, esta propuesta no incluye un listado cerrado de nombres ni fija una fecha límite de corte, permitiendo que la nómina final de beneficiarios surja del propio relevamiento y trabajo interno en las comisiones del Concejo.

Uno de los pilares del proyecto es el cumplimiento de las normativas vigentes sobre el cupo laboral y la estabilidad de las personas con discapacidad. Morales criticó la postura del Ejecutivo al señalar que, históricamente, el municipio realizaba una ordenanza individual por cada trabajador en esta situación apenas se tomaba conocimiento de su caso.

"El sindicato hizo el trabajo de hacer el relevamiento y agrupar a los trabajadores para trabajar sobre esta ordenanza específica, con la sorpresa de que el intendente la vetó. Para nosotros fue muy grave porque resulta que son ellos los que tienen que dar cumplimiento a las ordenanzas de discapacidad", expresó la referente sindical.

Asimismo, Morales apeló a fallos de la justicia nacional para recordar que las cuestiones presupuestarias no constituyen una excusa jurídica válida para vulnerar o postergar la estabilidad laboral y los derechos adquiridos de las personas con discapacidad.

Cruce por el presupuesto y el "costo cero"

Ante las declaraciones del jefe comunal, quien argumentó que el municipio no cuenta con los recursos financieros necesarios para afrontar una incorporación masiva a la planta permanente, desde el Soyem rechazaron tajantemente esa justificación y tildaron la respuesta de "ambigua".

El gremio sostiene que la medida tiene costo cero para las arcas municipales, debido a que el personal afectado ya forma parte de la estructura laboral desde hace años y sus salarios se encuentran debidamente contemplados dentro del presupuesto vigente de la ciudad.

Por otra parte, la conducción sindical contrastó la negativa del intendente con la postura de sus propios asesores en el Concejo Municipal, quienes de manera simultánea defendían la capacidad económica de la comuna para asumir los millonarios costos de mantenimiento derivados del traspaso de la Avenida Bustillo a la órbita local.

El proyecto continuará bajo análisis en las comisiones del cuerpo legislativo, donde los trabajadores municipales esperan que tanto los concejales como el propio intendente asuman la responsabilidad política de acompañar la regularización de las familias precarizadas.